Un nuevo pacto constituyente

La hora requiere relectura de textito escrito el año pasado:


Juanjo Olivera. 
Pensamiento Político Argentino. Ciencia Política UBA.

La literatura de la Ciencia Política de los años 80 europea y norteamericana se preocupó por analizar con relativo rigor, pasado por su tamiz conceptual, el proceso de dictaduras y democracias latinoamericanas de los años 60,70 y 80. 
Aquellos textos, entre otras cosas recomendaban la transformación de los regímenes democráticos presidencialistas-populistas en regímenes parlamentarios, para que en el caso de golpe de Estado sobreviviera la democracia formalmente, aunque más no fuera como una mera pantalla de utilería teatral, como es el caso actual de Paraguay y Honduras.
En ese sentido los textos de aquella época, que en definitiva son los mismos que continúan formando a los politólogos de varias universidades argentinas, también sugerían varios tipos de clasificación para los partidos políticos, gobiernos y democracias. Así colocaba, por ejemplo, los modelos de Partido Único de los países socialistas, o el caso Mexicano, dominado por el PRI, como un Partido Hegemónico. De esto han hablado incluso la semana pasada algunos medios televisivos, acusando al Jefe de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, de “querer llevar a la Argentina al modelo hegemónico del PRI”. Aquellos textos hablaban de la poca calidad de las instituciones latinoamericanas, la fragilidad y vulnerabilidad ante la corrupción de las burocracias políticas, la imposibilidad de establecer una agenda de Políticas de Estado que cruzaran transversalmente a los partidos políticos y los consecuentes problemas de gobernabilidad que sucedían a las caídas de esos ejecutivos fuertes, temas todos preocupantes entonces y que continúan teniendo relevancia con la deferencia de tener hoy casi tres décadas de democracias ininterrumpidas en el continente y un fortalecimientos ascendente de las instituciones legales de los Estados, incluso dando nacimiento a nuevas experiencias asamblearias y constituyentes como en Bolivia y Venezuela. 
Un partido para ser considerado hegemónico debía por lo menos ganar tres elecciones consecutivas. Eso metería a la alianza peronista Frente para la Victoria – Partido Justicialista y el conglomerado Transversal dentro de la categoría de hegemónicos. Puestos en ese orden de importancia y juntos, son la expresión que dominó la escena política de estos últimos diez años. El FPV, es la lúcida invención política que Néstor Kirchner creó para contrabalancear el poder de los dinosaurios del pejotismo que vetusto y con mala actuación en la historia reciente del país aún guarda las reliquias simbólicas del peronismo histórico, y a todo esto el kirchnerismo logró sumar nuevas adhesiones que se han ido agregando a este armado a través de los años de gestión. Un entramado que lejos de ser un partido político de definición clásica, que presenta por momentos formas parecidas a los movimientos populares latinoamericanos, y en otros, pareciera un mero conglomerado electoral. Lo cierto es que la persistencia y la continuidad de ese espacio podría dar nacimiento a un nuevo partido político que mantenga en el tiempo la mística de un líder, como la figura de Néstor, una conducción como la que lleva adelante Cristina y la experiencia de tres gobiernos seguidos de éxitos constantes y ascendentes que han sido la escuela de nuevos dirigentes. 
La consolidación de una expresión partidaria propia del kirchnerismo es algo temido pero que avanza inexorablemente frente a una oposición que no objeta ya solo las políticas públicas sino la razón de aquellas, por un lado y por otro, a la evidente incapacidad de renovación que muestra el mismo Partido Justicialista y las burocracias sindicales siempre prestas a reclamar un pedazo de una herencia de poder político que alguna vez Perón testara pero que a la luz de la experiencia, es un capital que hace mucho lo han mal gastado . 
Argentina, como otros países de Latinoamérica, ha entrado en una etapa marcada temporalmente por democracias con ejecutivos fuertes que promueven el desarrollo económico pero sin dejar de lado los problemas de inclusión social y el trabajo, el atraso educativo, problemas de hambre, salud, desempleo, habitacionales, derechos de minorías y ecológicos. Estos ejecutivos en muchos casos toman los reclamos y los temas de la sociedad civil más activa y militante del lo que a grandes rasgos se llama el progresismo, y los colocan en la agenda gubernamental creando una situación, donde los mismo gobiernos, se encuentra a la vanguardia de los cambios sociales de sus países. 
A diferencia de la experiencia mexicana, en la etapa actual los ejecutivos ganan elecciones reiteradas en elecciones limpias, con un altísimo grado de libertad de expresión y libertades civiles. Esto cabe aclararlo en cuanto al caso del PRI de los 80 y 90, muchas veces acusado de fraude electoral, represión a los canales de expresión opositora y llegando al asesinato político. Hoy en día, además, los sistemas electorales y los colectivos o sectores que integran las alianzas ganadoras resultan “inclusivos” y no “restrictivos” de derechos. Los movimientos sociales de la sociedad civil, nuevas expresiones sociales y políticas que afloran en la nueva etapa, son efectivamente los defensores y sostén de los ejecutivos. La repetición de períodos gubernamentales de mismo signo y de los mismos líderes, es un reclamo de los sectores que vienen siendo beneficiados por las transformaciones sociales y civiles que se están realizando y que por décadas habían estados apartados de la vista o el interés de los gobernantes. 
Las mayorías populares latinoamericanas votan presidentes fuertes porque es la forma donde colectivamente se expresa la voluntad general de la posibilidad real de cambio, desconfían de los parlamentos porque los consideran cooptables y genuflexos a los intereses políticos y económicos. 
La imposibilidad que tienen los electores, dicho en criollo, los pueblos del continente, de visualizar la continuidad de “políticas de Estado” en gobiernos de signo opositor está marcadas por la fuerza de la experiencia histórica y por el tipo de oposición política que se han manifestado a los ejecutivos. La oposición a la que se han enfrentado Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia o nuestra presidenta no son oposiciones a la forma o al modo de hacer las cosas , como muchas veces los quiere presentar los multimedios informáticos puestos en correlación con la oposición política. Es una oposición de tipo estructural y antisistema, donde los sectores transnacionalizados provenientes de las ganancias millonarias del petróleo venezolano cuestionan mucho más que las audiciones de Aló presidente del comandantes Chávez o la disposición del caballo en el escudo nacional, la marca de las carteras que usa la presidenta o el tono indígena con que hace sus discursos Evo Morales. Como bien señalara Carta Abierta durante el “conflicto con el campo” aquella oposición era “destituyente”, no porque podía necesariamente tener la fuerza para dar un golpe de Estado o de Mercado y sacar de alguna manera a la presidenta del poder, sino porque las prerrogativas del sector oligárquico y la burguesía sojera ponía en cuestionamiento la misma razón de ser de la democracia, que es la de elegir un presidente para que gobierne a las mayorías proponiendo un programa de acción política que no es el de una corporación en particular. Al mismo tiempo, se creían con derecho a limitar ese derecho constitucional porque veían peligrar sus exorbitantes ganancias y sus monolitos simbólicos e ideológicos, producto de una política cambiaria favorable establecida desde el Estado en el corto gobierno de Duhalde y de creer aquellos “valores” egoísmo neoliberal inculcados a sangre y fuego en los tiempos de la dictadura del 76 y reactualizados en el menemismo, podían aún estar vigentes.
La necesidad de un nuevo pacto constitutivo es la Hora de los Pueblos de Latinoamérica. Cada país que viene de este nuevo proceso de democracias participativas e inclusivas, necesita establecer nuevas instituciones legales y programáticas que consoliden y relancen sin límite la voluntad general de sus pueblos. Estas nuevas Constituciones de la región debería también presentar también una cantidad de rasgos comunes producto de una historiaría similar o emparentada. Una Reforma Constitucional que no tema a la tradición propia, de ejecutivos fuertes y otorgue la posibilidad de obtener varios mandatos presidenciales consecutivos que construyan reales y solidas “políticas de Estado” ante la existencia de oposiciones estructurales como las que existen hoy en la región, que no limite las adhesiones populares ni proscriba a las mayorías y ensanche su base representativa, que establezca, proteja y promueva la importancia de los roles de las nuevas minorías, de los nuevos derechos, de las conquistas sociales y civiles, que fije un destino y una orientación de la Nación en el nuevo escenario Continental e internacional, que piense en las mayorías, en la inclusión de los pueblos originarios en el bienestar concreto de la sociedad actual, en la fijación de pautas para la propiedad de la tierra y un serio debate sobre la Reforma Agraria en la Argentina, el tipo de industria que va a desarrollar el país de cara al mundo y a un nuevo siglo, los desafíos educativos, tecnológicos, reforzar la conciencia de tener una salud y educación pública y gratuita, la protección de las fuentes de energía y garantizar el acceso y el disfrute de sus beneficios a los más relegados, regular el trabajo . En síntesis, una Reforma Constitucional para reeditar todo lo positivo que contiene nuestra Constitución Nacional y redefinirla sumándole una cantidad de grandes logros que ha realizado el devenir histórico nacional y la experiencia popular en la Argentina reciente.