Por: Juan José Olivera
*Febrero de 2010
Una mirada a los casos de Venezuela, Bolivia y Argentina, a partir de los cambios suscitados desde el caliente verano del 2001 hasta la actualidad. Sus consecuencias y reacciones en los procesos de oposición que obstaculizan las nuevas políticas en un escenario que claramente se define como post-neoliberal y de un paradigma naciente, aun en formación, pero con signos comunes en todo el Cono Sur del Continente.
Venezuela, “escuálidos” golpistas
Con el estallido y el derrumbe de los gobiernos neoliberales que dominaron la escena política en todo el continente durante la década del 90 se abrió un proceso que puede ser llamado post-neoliberal.
En Venezuela, este proceso post-neoliberal, se manifiesta con el ascenso al poder de un militar nacionalista. Con arraigo y discurso populista de izquierda, Hugo Chávez Frías, se impone como la única figura política capaz de conducir el país luego del estallido popular del 27 de Febrero de 1989 en la capital, que se denominó “caracazo”. Chávez, ganará las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998 para el periodo 1999 – 2001 por el margen de 56,5% de votos dejando atrás una cantidad de interrogantes que iban desde su inclinación ideológica, hasta su vocación democrática.
El desconocimiento, de su actividad política dentro del ejercito venezolano y de su persona, era tan grande que su pasado “golpista” a un gobierno democrático lo ponía, según informes del diario argentino Clarín, en sintonía con los movimientos militares nacionalistas de derecha llamados “carapintadas” que se habían sublevados durante los gobiernos de Alfonsín y Menem en la Argentina.
Si bien Chávez logra movilizar una gran parte de los sectores populares Venezolanos, desde un principio fueron bloqueadas sus expectativas de reforma por los sectores parlamentarios de los ADECOS (Partido Acción Democrática) y COPEI que llevará al gobierno del Movimiento V Republica a plantear la necesidad de una reforma constitucional y parlamentaria. Por otro lado, entablarán una encarnizada oposición, los sectores de una clase media alta que habían obtenido su posición social gracias a los resortes y funciones variadas que resultaban de la administración burocrática, contratos, negociados e interrelaciones personales que hacían las empresas privadas y los sindicatos con el estado. Como resultado, daba una clase media acomodada que reaccionó cuando el estado a través de su ejecutivo se planteó el control total de la quinta potencia productora mundial de crudo, la empresa nacional de petróleo venezolana (PDVSA).
Se amalgamaron fuerzas de oposición que contuvieron tanto a viejos sectores oligárquicos detentores de la tierra, como a las nuevas burguesías comerciales de bienes y servicios que crecieron al amparo de los negocios de las empresas privadas multinacionales con el sector petrolero venezolano, sindicatos patronales burocratizados y corrompidos que poseían el control de la empresa estatal de petróleo, tecnócratas neoliberales y jóvenes de la escuela de Chicago caídos en desgracia, profesionales liberales y universitarios elitistas cultural e ideológicamente trasnacionalizados, viejas dirigencias ya sin poder ni representación mayoritaria en busca de una nueva base social y sectores marginales del ejercito ligados a las políticas del Pentágono estadounidense. La punta de lanza de este movimiento la ejercieron principalmente a partir del segundo mandato presidencial de Chávez, 2001-2007, Fedecámaras y la central sindical, Trabajadores de Venezuela (CTV), que llamó al primer paro nacional el 9 de abril de 2002, junto con la Universidad Católica Andrés Bello y la cúpula de la Iglesia Católica venezolana. Todo este rejunte al que el presidente de Venezuela le suele llamar “los escuálidos” son la oposición que primero intentó a través de paros y lock outs patronales del 2002-2003 bloquear el normal desarrollo económico del país, luego amenazaron con quemar a las refinerías saboteando la producción petrolera y amotinándose en los buques tanque que estaban anclados frente a las costas de Caracas, al mismo tiempo que fueron los responsables de llevar a delante los planes de la fallida intentona de golpe de estado del 12 de Abril del 2002 que incluyó el arresto ilegal de Hugo Chávez y que de no haber fracasado el golpe de estado por la acción de los sectores mayoritarios leales del ejercito bolivariano y la sociedad civil, podría haber terminado con el magnicidio del presidente venezolano.
Bolivia, de la autonomía indígena a las autonomías secesionistas:
El lado oscuro de la “media luna”.
Evo Morales también asume por el agotamiento del modelo económico neoliberal y la explosión de los partidos políticos tradicionales. Es un cocalero de la región del Chapare. El sector que representa el presidente boliviano es un actor político que se puede considerar relativamente “nuevo”, que creció y se desarrolló a lo largo de los años 80 y 90, y que paradójicamente, cuando la economía más se deshacía más crecía el sector campesino cocalero y sus demandas de tierra y justicia.
Los cocaleros de Bolivia han sido un sector perseguido y judicializado, ya que la política de “guerra contra las drogas” propagada internamente en los Estados Unidos fue continuada externamente por “guerra al narcotráfico” y ponía especial énfasis en este cultivo milenario ya que de este se extrae la cocaína que había sido usada como fuente de financiación por la guerrilla maoísta “Sendero Luminoso” en Perú y por las castristas-leninistas FARC (Fuerzas Armadas Colombianas), dando lugar en la década del 80 y 90 al concepto “narcoguerrilas” acuñado por el pentágono y al más actual “narcoterrorismo” usado por los especialistas norteamericanos en asuntos de América Latina.
Los alzamientos populares liderados por los movimientos sociales que se expresaron durante la llamada “Guerra del Agua”, de enero y abril del año 2000, y la “Guerra del Gas”, entre los primeros días de septiembre y el 23 de Octubre del 2003, cuando el entonces presidente de la nación Gonzalo, “Goni” Sánchez de Lozada envía su carta de renuncia al Congreso Nacional, fueron los conflictos que sumieron a toda Bolivia en el debate sobre las empresas privatizadas de servicios públicos y la necesidad de otro tipo de políticas económicas al mismo tiempo que un nuevo liderazgo en el ejecutivo en Bolivia.
Puntualmente la “Guerra del Agua”, del agua corriente, entonces en manos de la Francesa Suez, lograron aunar las viejas estructuras sindicales de la COB (Central Obrera Boliviana), con la preeminencia de los mineros, las federaciones de docentes y los conflictos de los pequeños comerciantes ambulantes y los sectores cocaleros, sumado a nuevos movimientos sociales surgidos de los mismos conflictos, serán la base social sobre la que el MAS (Movimiento al Socialismo) se apoyara pará para construir su propuesta de gobierno.
El MAS en las elecciones del 18 de diciembre de 2005, obtuvo casi el 54%, así Evo Morales, asumía el poder el 22 de enero de 2006, siendo el tercer presidente boliviano elegido por la mayoría absoluta de votos, el primero había sido Hernán Siles Zuazo en 1956 y el segundo Víctor Paz Estenssoro en 1960. El MAS logró sintetizar las demandas y conocer las necesidades que urgían a los sectores políticos bolivianos del campo y la ciudad.
Desde el comienzo de su mandato Evo Morales enfrentó una oposición que mostraba una gran resistencia a los cambios, y a la Asamblea Constituyente que el presidente Boliviano había anunciado en campaña para fijar los nuevos derechos constitucionales de los pueblos originarios y a las minorías. Por otras parte además de las discusiones constitucionales que desembocaron en la determinación de declarar a Bolivia como un “Estado Plurinacional”, los debates incluyeron gran cantidad de leyes asistenciales, la nacionalización de recursos naturales y energéticos, como el gas y el petróleo, que generaron rechazos y continuos bloqueos en la legislación. Además el argumento de las autonomías regionales que el MAS había levantado en campaña, y que formaba parte de su programa político, estaba pensando esencialmente para las comunidades indígenas originarias, será utilizado por los sectores de la Bolivia rica, la “Bolivia Blanca”, española y terrateniente de la “media luna” que se extiende desde Tarija a Beni y Pando.
Santa Cruz de la Sierra, donde se radican los grandes bancos extranjeros y donde se manifiesta el poder de un sector financiero crecido a la luz del lavado de narcodólares y los grandes negocios internacionales, se han visto los atropellos mas graves no solo al sistema democrático sino también a los derechos humanos y civiles. La “media luna” es también la zona donde se encuentran las refinerías petroleras y los mayores posos gasíferos. Es la Bolivia poderosa, racista y egoísta que no soporta a la otra Bolivia, que representa Evo Morales, la Bolivia aymará y quechua, pobre y milenaria, relegada y descarnada desde hace siglos. Si bien los sectores autonomistas cuentan con algunos apoyos dentro de los antiguos partidos políticos que se expresan en los ámbitos legislativos, el sistema de negociación no los hace más activos a la hora de reclamar la caída del gobierno como si lo hacen los grupos identificados con las banderas Verde y blanca o las rojas y blancas, del oriente autonomista. Este sector agrupa a expresiones políticas de lo mas vario pinto en un cóctel peligroso e inestable: a sectores de grandes terratenientes, a los grandes narcotraficantes, sectores financieros y bancarios, estudiantes provenientes de clases acomodadas trasnacionalizados cultural y económicamente, sectores que mantienen un nivel de vida comparable a los países del “primer mundo” y que no desean compartir su renta ni ser “mandados” por la Bolivia india.
La reacción que en un primer momento parece irracional, por lo racista y xenófoba, no es solo es, y en cierta manera excede las diferencias económicas, porque el verdadero y real choque es principalmente cultural. Porque está en juego la construcción simbólica nacional, cual será el rostro de Bolivia, cual será su eje y columna vertebral económica y cultural. Esta reacción de las regiones orientales dirigidos por los sectores medios y altos de Bolivia sintetizan claramente un proceso de un sector que pierde poder y que se resiste, conmocionando la escena política a los gritos como una Scarlett O´hara, para que los vientos de la historia no se la lleven.
Argentina, un proceso “destituyente” en las pampas de Martín Fierro y la soja transgénica.
Cristina Fernández de Kirchner asume a la presidencia el 10 de diciembre del 2007 luego de ganar las elecciones del 28 de octubre del mismo año con un 44,8% de votos, sucediendo a su esposo el exgobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor C. Kirchner, que el 25 de mayo del 2003 ganara una reñida elección cuando el ex presidente Carlos S. Menem (1989-1995, y 1995-1999), seguramente el mayor neoliberal y neopopulista, comparable solo con el peruano-nipón Alberto Fujimori, no se presentara al ballotage para definir quien sería el próximo presidente argentino.
Kirchner inaugura una época extraña donde llega un presidente peronista después de ganarle una elección nacional a otro ex presidente del mismo partido. Auque cabe aclarar que para dichas elecciones el Partido Justicialista peronista había explotado y sus diversas fracciones llevaban otros nombres, Kirchner, asume con los votos del Frente para la Victoria. Sobre las múltiples razones por las que el PJ se había desarticulado orgánicamente se puede decir que entre las más relevantes están: los 10 años de un fuerte liderazgo llevado adelante por Menem que obstaculizaba el surgimiento de otra alternativa política en el seno partidario, las diferencias en el modelo y las políticas económicas en cuanto a qué sectores (financieros o productivos) debían conducir el país, y la presión que ejercía el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, para proyectarse como figura de recambio al “menemismo” que creía perimido.
Si bien la presidencia de Kirchner fue apoyada por amplios sectores y el margen con que ganara su sucesora es una muestra de lo bien que fue despedida su gestión. Kirchner, logró relanzar la demanda interna, reactivar la economía, tener saldos positivos en la balanza de pagos, bajar la desocupación, tener superavit fiscal, desarrollar algunos programas de asistencia social con relativo éxito, tener una tasa de crecimiento entre el 8 y 9 % anual durante el periodo 2003-2007, una política de esclarecimiento en los Derechos Humanos, renovó la cuestionada Corte Suprema de Justicia y logros como el pago de la Deuda Externa con el FMI, y apuntalar y extender el MERCOSUR en clara oposición a la políticas de libre comercio propagandizados por los Estados Unidos a través del ALCA.
Aunque muchos dicen que lo que hizo el gobierno del santacruceño no fue otra cosa que profundizar el proceso que había comenzado con el estallido popular de diciembre del 2001 y con las posteriores políticas implementadas por el gobierno provisional de Eduardo Duhalde, que realizó la devaluación del Peso argentino y la salida de la paridad 1 Dólar 1 Peso que había instalado el Ministro de Economía de Menem y posteriormente de Antonio DeLarua, Domingo Cavallo; lo cierto es a partir de la llegada al ejecutivo de Néstor Kirchner se instaura un nuevo estilo de gestión política, económica, social y administrativa diferente que marca la época con el nombre de “kirchnerismo”.
Sin dudas, Cristina asumió con viento a favor. Pero con la contrariedad y la responsabilidad de tener que profundizar aún más donde su antecesor, su marido, no había llegado; lo que los sectores más de izquierda y los medios de comunicación llamaron: “la distribución de la riqueza”. Desde los lugares más disímiles se esgrimieron cuestionamientos igualitarios como cosa pendiente, pero arrojados al voleo, como latiguillo para criticar al reciente gobierno, sin tratarse como un debate lo suficientemente serio y en profundidad como semejante tema requeriría.
El hecho que el ejecutivo fuese asumido por una mujer en principio no abrió resquemores y fueron muchas las voces que se alzaron en apoyo al genero, incluso se habló de “cambio y progresismo” comparables con los tiempos que corren donde el socialismo francés llevaba su candidata a presidente, como ocurría en Alemania o Chile. Los medios de comunicación, desde Joaquín Morales Solá, hasta lo que se llama a grandes rasgos “la Casa Blanca” veían en Cristina un referente “más democrático”, institucional y menos populista que Néstor. Sin embargo poco duró esta visión idílica o condicionante y no han dudado en rotularla con acusaciones peores que a su marido. Para este sector la presidenta es: soberbia, desequilibrada mental, irascible, esquizofrénica, autoritaria, etc; solo basta ver el lugar que se le da a la oposición en los grandes multimedios donde los “invitados” ya no son reporteados por un periodista sino que se sumergen en un extenso monologo acompañados por movimientos oscilantes de cabeza del conductor periodístico en franca complacencia y cara de asco ante alguna enumeración de “atropellos fascistas de parte del ejecutivo” como le gusta decir a la titular del ARI, Elisa Carrio. Por otro, lado las cámaras estarán cubriendo el conflicto victimizando a los sectores de clase media y alta. Paseando entre la gente el camarógrafo muestra esa pequeña muchedumbre envalentonada que sacude cacerolas y carteles que piden la renuncia y reiteradamente hacen referencia al aparato reproductor de la presidenta electa. Si estos sectores opositores “de clase” ya no se quejan de las rutas y calles cortadas como antes, ya no piden la represión como cuando los hambrientos y desempleados protestaban durante el gobierno anterior, es porque ahora la escena es de ellos. Estos sectores son los que sin ruborizarse reclaman “democráticamente” por el fin del gobierno de la nueva presidenta, al mismo tiempo, que actualizan un discurso de época dictatorial y chovinista.
A los sectores multimediaticos ya no les importa el genero del ejecutivo, ni la discusión del reparto de la riqueza, embarcados en una tarea constante de desprestigio al gobierno se encargan de poner todo ante la duda y bajo el argumento de que los fondos que recauda el Estado van para “campañas políticas” o para “hacer caja”, se trata de incidir en la tarea parlamentaria y unir a una heterogénea oposición que precisa demonizar al ejecutivo para justificar su incapacidad política para llegar a las masas populares y el bajo porcentaje electoral.
El fin del idilio de los medios con Cristina, fue sin duda, a partir del proyecto de modificaciones al porcentaje de retenciones a las exportaciones, principalmente a la soja, y que se conoció como resolución 125. Ahora el ejecutivo se lanzaba a hacer el tan esperado “reparto de la riqueza”, el problema era ¡de dónde se iba a sacar para repartir!
Con cierta inocencia, descuido o grave error el gobierno nacional encaró una reforma que tocaba al mayor sector productivo concentrado argentino: el sector agroganadero, sin tener en cuenta el enorme poder económico y simbólico que enfrentaba. La Sociedad Rural argentina y las otras asociaciones agraristas (CRA, CONINAGRO, Federación Agraria) lograron instalar fácilmente la idea: “el campo” versus la ciudad, tema fundante y renuente en el imaginario popular argentino. Así aparecían victimizadas, ante la sociedad mediatizada por los multimedios comunicacionales, las poderosas asociaciones agrarias en su territorialidad. “El campo” se encarnaba amenazado por un gobierno presentado como omnipotente, centralista y revanchista ideológicamente. En esos días se leían en las pancartas de las rutas cortadas por los agraristas sojeros desde insultos a la sexualidad de la presidenta hasta la acusación macartista de ser “Montonera”.
La bonanza de las exportaciones y el nuevo tipo de cambio 1 dólar 3 pesos, hizo el milagro de unir a tres sectores históricamente opuestos, actualmente complementarios. En un nuevo esquema de poder económico se une: la vieja oligarquía terrateniente de la Sociedad Rural, con una nueva burguesía con vinculaciones nacionales y extranjeras, tecnologizada e industrial en su forma de producción agrícola de “pools de siembra”, con los pequeños y medianos productores lácteos y agro-ganaderos, representados históricamente en la Federación Agraria Argentina ubicada tradicionalmente dentro de la centro-izquierda.
Finalmente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió enviar al parlamento la resolución 125 del ejecutivo para que sea tratada por las Cámaras del Congreso y distender el clima hostil luego que las asociaciones agraristas decretaran un lock-out patronal dejando a Buenos Aires prácticamente desabastecida de productos agro-ganaderos.
El debate se convirtió en el tema nacional resolviéndose negativamente para el gobierno nacional. Si bien se impuso en la Cámara de Diputados el proyecto oficial, en la Cámara de Senadores, frente a una situación de empate en el momento de votar la ley, el Vicepresidente de la Nación y presidente de la Cámara del Senado decidió increíblemente su voto: “no afirmativo”, impidiendo así la sanción de la Ley de Retenciones Móviles del ejecutivo del cual formaba parte.
Este proceso, que enfrentó Cristina, la debilitó en su imagen y popularidad según expresan algunas encuestas y logró agrupar y movilizar una oposición heterogénea que ha hecho bandera de lucha la caída del gobierno kirchnerista. Por otro lado, cuestionan la legalidad de las medidas gubernamentales y, más que una oposición a los proyectos y medidas del ejecutivo, ponen en duda ya la legitimidad misma de la acción presidencial de un gobierno que creen en retroceso y extenuado.
El gobierno de Cristina, como dijimos antes enfrentó inocentemente o erróneamente al sector de poder mas duro de la Argentina y perdió. No fue gratuito tendrá sus consecuencias, tal vez cedió para no caer en un enfrentamiento aun mayor, no lo sabremos. Lo cierto es que al enfrentarse al sector agro-exportador saltaron a la vista una cantidad de intereses y sectores subalternos que vieron peligrar una cosmovisión o un ordenamiento de voluntades políticas y económicas. Esos mismos sectores son los que han levantado la voz frente a la reciente estatización de los fondos de pensión privada (AFJP) y se resisten a la expropiación de Aerolíneas Argentinas no porque afecten en gran medida sus intereses puntuales, pero recordemos que en mayor o en menor medida estos son hijos del proceso privatista de los años 90.
Hasta aquí los hechos relatados del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner forman parte de lo que el colectivo de intelectuales que apoyan al gobierno, “Carta Abierta”, denominó como un proceso “destituyente”, llevado a delante por la oposición. Los sucesos se muestran de forma similar a lo que en Bolivia se llamó el conflicto por las “autonomías”, aunque en ambos países se expresaran en formas diferentes, la búsqueda de oponer resortes legislativos para horadar la adhesión y el mandato popular de los ejecutivos pone a ambos casos en una relación de simetría. En Argentina este proceso “destituyente” podemos decir que tuvo mayor éxito y se puede ver reflejado en el resultado de las elecciones para diputados y senadores del año 2009 donde el ejecutivo pierde la mayoría en la provincia de Buenos Aires, mientras que en Bolivia ocurre todo lo opuesto y el ejecutivo renueva otro mandato impulsando gran cantidad de reformas y cambios. Si se tratara de hacer un rápido análisis podríamos decir que en el caso de Bolivia al salir exitosamente del conflicto, catapultó al gobierno de Evo Morales hacía un nuevo periodo presidencial, y que la derrota frente al sector “del Campo” debilitó el gobierno de Cristina Fernández. Sin embargo no por eso quiere decir que este “deslegitimado” o “exhausto” como propagandiza la oposición y las corporaciones de los medios de información, ni que no se puedan revertir los golpes que recibió el gobierno kirchnerista en las últimas elecciones.
Lo mismo puede decirse para Venezuela, cuando en últimas elecciones el voto chavista a disminuido y bloqueado “momentáneamente”, como dice el mismo presidente bolivariano, la posibilidad de sucesión indefinida por voto popular.
En los tres casos que tomamos hay algunos puntos en común para analizar las nuevas resistencias y oposiciones que tratan de obstaculizar el proceso de cambio en esta etapa pos-neoliberal:
1- Tanto Bolivia, Venezuela y Argentina surgen gobiernos de corte populista de tendencia en mayor o en menor medida de izquierda, a partir de alzamientos populares. El agotamiento de gobiernos de corte neoliberal, como el de Carlos Andrés Pérez precipitaron estallidos sociales tales como el “Caracazo” venezolano y el surgimiento de una fuerza política surgida de un sector nacionalista del ejército que lleva adelante un programa de refundación nacional; en la “Guerra del Agua” la lucha de los movimientos sociales, sindicales y cocaleros, se funden en la gesta de la “Guerra del Gas” y marcan el fin y comienzo de una etapa en Bolivia; en Argentina, los saqueos a supermercados del 16 de diciembre en el Gran Buenos Aires y la confiscación de los depósitos en dólares de los ahorristas, culminan con el “argentinazo” de las jornadas del 19 y 20 de diciembre en la Plaza de Mayo de la Capital, muestran un signo común en América Latina: el agotamiento del modelo neoliberal.
2- En los tres países se han producido un cuestionamiento a lo que se consideró el régimen neoliberal de ajuste presupuestario estatal, achicamiento del Estado a través de privatizaciones y desregulaciones de áreas productivas y de servicios de propiedad estatal.
3- Una fuerte critica al capital financiero y a la financiación externa, más exactamente a los organismos internacionales de crédito como son el FMI y el Banco Mundial, de los cuales la gran mayoría de los países latinoamericano son deudores, condicionando sus respectivas economías y políticas públicas.
4- Una rotunda negación a encarar procesos de liberalización del comercio similares al acuerdo que tienen los EE.UU con México (NAFTA). Con el nombre de ALCA, EE.UU. promocionó un acuerdo de similares características para el Cono Sur, pero la acción negativa de los principales socios del MERCOSUR (Argentina y Brasil) y la inclusión de la Venezuela Bolivariana al bloque sudamericano decidieron el fin de la propuesta norteamericana en la cumbre de Mar del Plata.
5- Los tres países han encarado un proceso de reconstrucción del área estatal, ampliando las políticas publicas y los planes de desarrollo social, para ello han necesitado recurrir a diferentes resortes económicos del Estado. En el caso de Venezuela y Bolivia el creciente proceso de nacionalización y estatización de hidrocarburos es lo que da la base para proyectar los planes de desarrollo social, en Argentina el Estado se financia a partir de las retenciones a las exportaciones petroleras y agroganaderas. Si bien, aún parecen insuficientes, en la Argentina las políticas sociales y el gasto público han crecido considerablemente a la etapa anterior, pero en correlación con las políticas de equilibrio fiscal y de mantenimiento de reservas de divisas del Estado.
6- En los tres países el hacerse de recursos para la financiación del Estado ha puesto a los gobiernos en situaciones de crisis política y conflicto con actores que sienten resentidos sus intereses sectoriales y también viejas elites políticas desplazadas del poder llevan adelante posiciones que pueden mostrarse al limite de lo institucional con posiciones antisistema y secesionistas, como en los casos de Venezuela y Bolivia. En Argentina no se han expresado los sectores opositores con semejante virulencia, sin embargo, en el conflicto con el sector agroganadero el gobierno de Cristina Fernández sufrió escaladas de violencia durante los cortes de ruta que amenazaban con detener todo el trancito vial y el transporte de alimentos y mercaderías que abastecen a las ciudades. Durante los meses del conflicto se lanzo un verdadero lock-out patronal agroganadero que puso en tensión a muchos sectores aliados al gobierno y a sectores que se presentaron en franca oposición, y que hasta el momento no se había manifestado con semejante agresividad.
7- A nivel internacional los países del Cono Sur se han agrupado en la organización UNASUR que ha ganado en preponderancia política frente a otras organismos regionales como la vieja OEA, logrando un mayor grado de independencia ante la presión que ejerce Estados Unidos en el Continente y una mayor eficacia por tratarse de ejecutivos con posiciones políticas cercanas.
8- En los tres países se presenta una relación conflictiva de los ejecutivos con los medios de comunicación. Aunque este no es un fenómeno nuevo en Latinoamérica, a partir de finales de los años 80 y durante la década del 90, se ha extendido en todo el continente un proceso de concentración de los medios de comunicación que sumado a las nuevas tecnologías de la imagen y el sonido se han constituido en verdaderas corporaciones multimediaticas, que influyen en la acción gubernamental de los ejecutivos que necesitan medir su acción política en la población y abren la agenda según los tiempos que marca la “opinión pública”.
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